PLANTEAN INCLUIR PRUEBA PSICOLÓGICA PARA LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONTRALOR

Para el concurso público de oposición, méritos e impugnación ciudadana de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, al menos dos consejeros ven factible incluir la presentación de un certificado de examen psicológico a los postulantes.

Los consejeros Hernán Ulloa y Francisco Bravo creen que sería una evaluación que garantizaría que se elijan autoridades con probidad e idoneidad.

Esto surgió en una plenaria del 26 de junio pasado, cuando el CPCCS aprobó el instructivo para la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, pero que no incluyó la posibilidad de que se presente un certificado psicológico.

La propuesta la hizo el consejero Francisco Bravo, quien recordó las actuaciones de exautoridades elegidas por el organismo y que han estado involucradas en hechos de corrupción, así como la actual situación del contralor subrogante, Pablo Celi, preso por el delito de presunta delincuencia organizada que investiga la Fiscalía General.

“(...) Esto para que no digan que el CPCCS designó a un loco, un maniático y mañana no nos vengan a chantar la posibilidad de que se eligió a cualquier persona. El objetivo es que se elija una persona estable”, esgrimió Bravo.

Su postura tuvo el respaldo de Ulloa y María Fernanda Rivadeneira. Pero no de los cuatros consejeros que hacen mayoría en el Consejo, porque argumentaron que la Constitución establece un concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana y que el reglamento fue aprobado.

Para la elección del nuevo titular de la Contraloría del Estado, que debe posesionarse en marzo del 2022, el consejero Ulloa informó que se volverá a plantear esta posibilidad de que los candidatos presenten un certificado psicológico en la sesión plenaria que se realizará este viernes a las 15:00.

El orden del día plantea aprobar la socialización del proyecto de reglamento para designar esta autoridad para que la sociedad civil haga sus propuestas.

“Esto no es ponerle el pie a nadie. No implica una irregularidad, esto es una garantía de que la persona que vaya a ocupar ese espacio pueda ser evaluado en su fuero interno”, opinó Ulloa.