PATRIMONIO DE EXSUBCONTRALOR DEL ESTADO PABLO CELI ASCIENDE A LOS $ 312.000

Pablo Celi de la Torre inició y terminó sus funciones como subcontralor de la Contraloría General del Estado con un patrimonio de $ 312.495, según los registros actuales de la misma entidad.

Celi sucedió a Carlos Pólit Faggioni en el organismo de control el 7 de junio de 2017 y fue ratificado en el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que resolvió no evaluar su accionar y que concluya el periodo de cinco años, hasta marzo del 2022.

Según su declaración juramentada, en el 2017 su patrimonio ascendía a $ 312.495; y la registrada en el 2021 mantiene el mismo valor.

Celi renunció a su cargo este 5 de julio, desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra preso desde el 14 de abril de 2021, investigado por el delito de presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Desde junio del 2017 a marzo del 2021, en la gestión de Celi se aprobaron 7.613 informes generales. Además de 990 informes con indicios de responsabilidad penal; responsabilidades civiles confirmadas por $ 2.866′665.959 y sanciones administrativas confirmadas por $ 21′321.661.

Las acciones relevantes que se detallan, según la Contraloría, es la glosa por más de $ 1.200 millones por la construcción del proyecto de la Refinería del Pacífico en El Aromo (Manabí), en la que se hizo una inversión por $ 1.528 millones en una “infraestructura inútil”.

Otro proyecto auditado por este órgano fue la adjudicación del Bloque Singue, en el que se concluyó que para la adjudicación se consideró solamente el 80 % de las reservas de crudo y no el 100 %, perjudicando al Estado en más de $ 5 millones. Se emitieron glosas por $ 5′2 millones y se emitió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP).

Se realizaron auditorías a la legalidad de la Deuda Pública y sus fuentes de uso desde el 2012 al 2017, por la que se emitieron glosas por $ 75 millones e informes con IRP; también, las compras en el sector público durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; la emisión irregular de carnés de discapacidad; la deuda del Estado con el Seguro Social (IESS); la reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas después del terremoto del 2016 y el uso de los recursos de la Ley de Solidaridad.

Entre otras, la inversión que “no fue eficiente” en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas; anomalías en la construcción del proyecto de generación eléctrica Coca Codo Sinclair; ausencia de estudios para la construcción de las unidades educativas del milenio; el uso de aviones presidenciales.

La Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Pablo Celi, quien pidió en su carta de renuncia entregada al CPCCS el 5 de julio, acudir de forma presencial para ejercer su derecho a la defensa.