Juez dicta medidas contra Lenin Moreno, su círculo familiar y otros por caso Sinohydro.

Juez dicta medidas contra Lenin Moreno, su círculo familiar y otros por caso Sinohydro; expresidente reacciona.

Dictan medidas cautelares contra el expresidente Lenín Moreno por su presunta participación en la trama de sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

Dictan medidas cautelares contra el expresidente Lenín Moreno por su presunta participación en la trama de sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra Moreno y treinta y seis personas más, incluida una parte de su círculo familiar, en el proceso por el delito de cohecho.

La presunta red de corrupción se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2018.

Para sustentar la formulación y el pedido de medidas cautelares, la titular de Fiscalía relató las circunstancias de los hechos y enumeró 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa.

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas, ordenó el inicio de la instrucción fiscal de noventa días y dispuso las medidas cautelares de presentación cada quince días en la Secretaría de la Corte, en Quito, para Lenín Moreno, Judith G. y Xavier M.

El resto de los procesados (Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.) deberán presentarse cada ocho días en la misma institución.

Además dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia, excepto para Wu Y., para quien sí dictó prisión preventiva.

También, ordenó medidas de carácter real (inmovilizaciones y prohibiciones de enajenar bienes) por 154 millones de dólares a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados, excepto aquellas cuentas en donde se reciba sus fondos por concepto de pensiones jubilares.

Dispuso, además, a la Fiscalía General del Estado que curse Asistencia Penal Internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice para inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados en los bancos de los sistemas financieros de estos países y que remita la Asistencia Penal Internacional a los mencionados países para solicitar la prohibición de enajenar bienes.

Durante la diligencia, Salazar destacó que la empresa adjudicataria de la licitación, Sinohydro, habría entregado –a través de dádivas, cheques y transferencias– 76 millones de dólares a los treinta y siete procesados.

Expuso que estos valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social "fue cambiado convenientemente" en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas. En el caso del expresidente y su familia, la Fiscal cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes a los hermanos de Moreno, Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares), y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo con la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron, presuntamente como beneficiarios, a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

Estos valores hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

Tras conocer el dictamen, el exgobernante quien ha negado su implicación en la trama, dijo que "el juez desestimó por falta de argumentos (las) medidas arbitrarias e inhumanas presentadas por Fiscalía General" el pedido de prisión preventiva en su contra.

Asimismo, Moreno ha calificado como "falsedades" los elementos presentados por Fiscalía.